El principio de laicidad en el derecho francés

Cuestiones de pluralismo, Volumen 4, Número 2 (2º Semestre 2024)
8 de Julio de 2024
DOI: https://doi.org/10.58428/PJML1136

Por Anne Fornerod

El principio de laicidad en el derecho francés es más complejo de lo que sugieren las numerosas ideas preconcebidas sobre el tema: es a la vez un principio que garantiza la libertad religiosa y la neutralidad del Estado, y un valor que supuestamente asegura la cohesión social.

 

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Los debates y polémicas en torno al uso del velo musulmán que salpican la actualidad parecen aludir una y otra vez al lugar que ocupa la laicidad en el contexto francés. Lo que podría percibirse como una especificidad francesa irreductible e inmutable exige, sin embargo, o precisamente por ello, algunas precisiones. Por una parte, la laicidad es producto de una larga historia, y esta longevidad se refleja en el derecho que se deriva de ella. Por otra parte, este derecho también se ve cada vez más influido por el discurso público y político sobre los cambios sociales que afectan a las creencias y prácticas religiosas, lo que pone de relieve la -¿problemática?- cuestión de la laicidad como valor social a compartir.

EL LUGAR Y EL SIGNIFICADO DEL PRINCIPIO DE LAICIDAD EN EL CONTEXTO DE LA RELIGIÓN

Antes del principio de laicidad, la Ley de 9 de diciembre de 1905

La laicidad es ante todo un principio jurídico que caracteriza el marco en el que los poderes públicos sitúan la religión. Sin embargo, lo que hoy se da por supuesto ha conocido un largo proceso de maduración durante el cual el principio de laicidad no siempre ha estado en primer plano. En efecto, antes de las relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, el régimen de la Tercera República (1870-1940) primero eligió, en los años 1880, la Escuela pública como ámbito privilegiado de aplicación y afirmación de su política laica, que entonces buscaba contrarrestar la influencia intelectual y política de la Iglesia católica (véase Fornerod 2023). No fue hasta dos décadas más tarde cuando se aprobó la ley de 9 de diciembre de 1905 sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Esta separación es doctrinal, en tanto que los poderes públicos ya no intervienen en la definición de las ideologías religiosas y viceversa, pero es también, y quizás, sobre todo, financiera. En efecto, la ley de 1905 pone fin al sistema de confesiones religiosas reconocidas vigente durante todo el siglo XIX y que en el caso particular de la Iglesia católica se basaba en el Concordato firmado con Napoleón Bonaparte en 1801. Este sistema preveía un presupuesto para las confesiones religiosas, que se utilizaba principalmente para pagar los salarios de los ministros de culto y ayudar a los grupos religiosos en cuestión (catolicismo, cultos luterano y reformado y judaísmo) a construir y mantener sus edificios. Así pues, la ley de separación de 1905 suprime la financiación pública de las confesiones religiosas, reorganiza los grupos religiosos en asociaciones cultuales y regula la práctica del culto. ¿Establece, por ello, un sistema de separación estricta entre los poderes públicos y los grupos religiosos, que implicaría una situación de ignorancia recíproca? Un examen detallado del marco jurídico de las creencias y prácticas religiosas revela una situación mucho más compleja, aunque sólo sea porque las prácticas y actividades religiosas requieren un marco jurídico como todos los demás fenómenos sociales. Durante varias décadas tras su adopción, la Ley de 1905 constituyó la base jurídica esencial de este nuevo sistema de relaciones entre el Estado y las confesiones religiosas, interpretado de forma liberal y pacificadora por la jurisprudencia administrativa. Aún hoy, la ley de separación sigue siendo un recurso en dos sentidos. Por una parte, mediante su adaptación a la sociología religiosa contemporánea, principalmente por los tribunales administrativos, algunas de sus disposiciones siguen siendo aplicables, por ejemplo, a las asociaciones religiosas, a los edificios religiosos o, de manera más general, a la cuestión de la financiación de las actividades religiosas. Los litigios relativos a la exposición de belenes de Navidad en espacios o edificios públicos, que se producen regularmente desde hace más de una década, se han resuelto sobre la base de las disposiciones de la ley, que prohíben erigir o fijar signos y emblemas religiosos "en monumentos públicos o en cualquier lugar público" (artículo 28). Por otra parte, sin utilizar el término laicidad, la ley incluye varias normas que apuntalan el contenido de este principio. No sólo proclama expresamente la libertad de conciencia y la libertad de culto, sino que el principio de neutralidad e igualdad entre religiones se desprende de varias disposiciones. Estos elementos se incluyen en la definición del principio de laicidad dada por el Consejo Constitucional en 2013 (Decisión n.º 2012-297 QPC de 21 de febrero de 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité [Salario de los pastores de las iglesias consistoriales de los departamentos de Bajo Rin, Alto Rin y Mosela]).

El principio constitucional de laicidad

Aunque la Constitución de 4 de octubre de 1958 afirma que "Francia es una República indivisible, laica, democrática y social", que "garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, sin distinción de origen, raza o religión" y, por último, que "respeta todas las creencias". (artículo 1), no proporciona una definición de la laicidad. De hecho, la decisión del Consejo Constitucional de 2013 extiende el consenso que se había establecido para considerar el principio de laicidad como un tríptico que combina neutralidad, libertad religiosa e igualdad entre creencias y cultos. Esto significa que, contrariamente a lo que se suele pensar, el sistema francés comparte con otros países europeos estos "estándares" de regulación de los grupos y de las actividades religiosas. Sin embargo, la laicidad sigue siendo difícil de definir de forma inequívoca, por mucho que esté consagrada en el derecho constitucional, en lo más alto de la jerarquía de normas. Anteriormente el Consejo Constitucional había propuesto una definición diferente, que refleja una concepción distinta de la laicidad. En su decisión de 19 de noviembre de 2004 sobre el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, declaró que "las disposiciones del artículo 1 de la Constitución, que establecen que 'Francia es una República laica', prohíben a cualquier persona invocar sus creencias religiosas para liberarse de las normas comunes que rigen las relaciones entre los poderes públicos y los particulares". Esta decisión refleja el hecho de que, junto a la aplicación de la laicidad como principio jurídico sinónimo de neutralidad, igualdad y libertad de culto, el marco jurídico de las religiones está a veces sujeto a la influencia de otra concepción de la laicidad, que se presenta como un valor político y refleja una relación específica con la religión en la sociedad.

INTRODUCCIÓN EN EL DERECHO DE UNA LAICIDAD AXIOLÓGICA

El punto de inflexión de la ley de 15 de marzo de 2004

La decisión del Consejo Constitucional de 19 de noviembre de 2004 se inscribe en un cambio de contexto a principios de los años 2000, marcado por la inclusión en la agenda política del lugar que ocupa el Islam en la sociedad francesa. Esto condujo a la intervención de los poderes públicos en la organización práctica del culto musulmán para crear un órgano de representación de este grupo religioso, pero también se basó en lo que se ha denominado la "nueva laicidad" (Hennette-Vauchez y Valentin 2014), que tiende a desaprobar la expresión de la filiación religiosa y favorece claramente la neutralidad. Más que una opción filosófica, esta forma de concebir la laicidad tiene su origen en el periodo de la Revolución (1789-1799), durante el cual se redefinieron profundamente las relaciones entre los poderes públicos y las instituciones religiosas. La frontera entre las esferas política y religiosa se modificó y la afiliación religiosa se convirtió en sinónimo de barrera, cuando no de obstáculo, para la pertenencia a la comunidad de ciudadanos. Esta acepción de la laicidad como valor se ha ido introduciendo progresivamente en el derecho contemporáneo aplicable al hecho religioso, y plantea el problema de las posibles incoherencias con el principio de laicidad, que se nutre de los principios contenidos en la ley de 1905, en la medida en que esta laicidad axiológica es sinónimo de una cierta reserva con respecto a la manifestación de las convicciones religiosas, que no deja de ser parte de la libertad religiosa.

De forma bastante previsible, dada su relación histórica con la laicidad, es en las escuelas públicas donde la "nueva laicidad" ha tenido su primera expresión legislativa. En virtud de la Ley de 15 de marzo de 2004, "en las escuelas, colegios y liceos públicos está prohibido llevar signos o vestimentas con los que los alumnos manifiesten ostensiblemente una pertenencia religiosa". La Ley de 15 de marzo de 2004 ha creado, en el caso de los alumnos de la enseñanza pública, una excepción al derecho aplicable, que reserva la obligación de neutralidad religiosa a los empleados públicos, siendo los usuarios de los servicios públicos libres de expresar sus creencias religiosas dentro de los límites de lo necesario para el buen funcionamiento del servicio. Además de sus estrechos vínculos con la laicidad, la escuela pública es un lugar de integración social, proceso que, a principios de los años 2000, se consideraba caracterizado por profundas dificultades. En este contexto, el pañuelo musulmán se convierte en el símbolo de las dificultades de integración de las poblaciones inmigrantes originarias de países musulmanes. La laicidad se promueve como un valor, sinónimo de emancipación y de posibilidad de convivir.  En sí misma, la ley de 15 de marzo de 2004, fruto de una recomendación del informe de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République (Comisión de reflexión sobre la aplicación del principio de laicidad en la República Francesa), tiene un alcance relativamente limitado, ya que sólo se aplica a los alumnos de los centros de enseñanza públicos (y sigue prohibiendo a los alumnos llevar determinados tipos de vestimenta, como ilustra el caso de las abayas al inicio del curso escolar 2023). Sin embargo, marca un punto de inflexión en el debate público: aún hoy, a menudo se considera una ley sobre la laicidad, que permite limitar el uso de símbolos religiosos en general. En su momento, la Alta Autoridad de Lucha contra la Discriminación y para la Igualdad (HALDE) tuvo que reiterar en varias ocasiones el ámbito exacto de aplicación de la ley de 2004 (llegó a la conclusión de que la exclusión de un centro de formación de una mujer que llevaba velo era discriminatoria). La cuestión del ámbito de aplicación sigue planteándose (véase la deliberación del Défenseur des droits, que sucedió a la HALDE, sobre la prohibición de llevar símbolos religiosos en la formación profesional privada).

De la ley de 15 de marzo de 2004 a la neutralidad extensiva

Esta regularidad parece revelar la trayectoria de la laicidad axiológica. La Ley de 15 de marzo de 2004 inauguró, en el plano jurídico, una tendencia a extender la aplicación de la laicidad más allá del ámbito de los servicios públicos y de la intervención de los poderes públicos en las instituciones y actividades religiosas. Con la excepción de la Ley de 15 de marzo de 2004, y paralelamente a las disposiciones que rigen las relaciones entre el Estado y los grupos religiosos, la laicidad se presenta en derecho como un valor que debe llevar a la adhesión de la sociedad civil, en nombre de la convivencia, sin que los derechos u obligaciones que de ella se derivan sean siempre claramente identificables. Aquí podemos citar la ley de 21 de febrero de 2014 de programación para la ciudad y la cohesión urbana, que establece que "Los consejos ciudadanos desarrollarán su actividad con total independencia de los poderes públicos y basarán su actuación en el respeto a los valores de libertad, igualdad, fraternidad, laicidad y neutralidad." (artículo 7). El ejemplo más sintomático es sin duda la Carta de la Laicidad en los Servicios Públicos adoptada en 2007.

Algunos efectos más tangibles han aparecido más tarde. También cabe mencionar aquí la ley de 8 de agosto de 2016, que permite a las empresas privadas introducir en sus reglamentos internos "disposiciones que consagren el principio de neutralidad y restrinjan la manifestación de las convicciones de los asalariados" (art. L. 1321-2-1 del Código del Trabajo). Por último, la ley de 24 de agosto de 2021 que refuerza el respeto de los principios de la República prevé la neutralidad de los asalariados de derecho privado que trabajen en empresas u organismos encargados de la prestación de un servicio público. En una decisión de 29 de junio de 2023, el Consejo de Estado dictaminó que era legal la cláusula de los estatutos de la Federación Francesa de Fútbol que prohíbe "llevar signos o prendas que expresen ostensiblemente una afiliación política, filosófica, religiosa o sindical".

Desde el punto de vista del principio de laicidad, la Ley de 24 de agosto de 2021 confirma pues la orientación de la Ley de 15 de marzo de 2004, pero, mediante las modificaciones que introduce en la Ley de 9 de diciembre de 1905, le da una "inflexión de seguridad" (Portier 2021). Mientras que la laicidad axiológica apuntaba esencialmente a la expresión individual de las creencias religiosas, la modificación del estatuto de las asociaciones religiosas y de la policía religiosa tiende a extender esta acepción de la laicidad al corazón del régimen de los cultos.

Cómo citar este artículo

Fornerod, Anne, "El principio de laicidad en el derecho francés", Cuestiones de Pluralismo, Vol. 4, nº2 (segundo semestre de 2024). https://doi.org/10.58428/PJML1136

Para profundizar

  • Dieu, Frédéric (2017). Laïcité: la nouvelle frontière. Revue du droit des religions. https://doi.org/10.4000/rdr.483
  • Fornerod, Anne (2023). "École et religion en droit français". Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXXIX, 229-247. https://doi.org/10.55104/ADEE_00007%0D
  • Hennette-Vauchez, Stéphanie y Valentin, Vincent (2014). L'affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso éditions.
  • Portier, Philippe (2021). L'Inflexion sécuritaire de la laïcité française, Presses universitaires de Grenoble.

LE PRINCIPE DE LAÏCITÉ EN DROIT FRANÇAIS

Le principe de laïcité en droit français est plus complexe que ne le laissent penser les nombreuses idées reçues à ce sujet: il s’agit à la fois d’un principe garantissant la liberté de religion et la neutralité de l’Etat, mais aussi d’une valeur supposée assurer la cohésion sociale.


Les débats et polémiques autour du port du voile musulman qui émaillent l’actualité apparaissent comme autant de renvois à la place qu’occupe la laïcité dans le contexte français. Ce qui pourrait être perçu comme une irréductible et immuable spécificité hexagonale appelle toutefois – ou précisément pour cette raison – des précisions. D’une part, la laïcité est le produit d’une histoire longue et cette longévité marque le droit qui en découle (1). D’autre part, ce droit est aussi de plus en plus influencé par le discours public et politique sur les évolutions sociétales qui touchent aux croyances et pratiques religieuses et se traduit par la mise en avant – problématique ? – de la laïcité comme valeur sociale à partager (2).

  1. La place et la signification du principe de laïcité dans l’encadrement du fait religieux
1° Avant le principe de laïcité, la loi du 9 décembre 1905

La laïcité est en premier lieu un principe juridique qui caractérise l’encadrement du fait religieux par les autorités publiques. Ce qui est considéré aujourd’hui comme une évidence a pourtant connu une longue maturation, dans laquelle le principe de laïcité n’a pas toujours occupé la première place. En effet, avant les relations entre l’État et les cultes, le régime de la Troisième République (1870-1940) a d’abord choisi l’École publique comme terrain privilégié de mise en ½uvre et d’affirmation de sa politique laïque dans les années 1880, qui visait alors à contrecarrer l’influence intellectuelle et politique de l’Église catholique (voir A. Fornerod, « École et religion en droit français », Anuario de Derecho Eclesiástico del Estado, vol. XXXIX, 2023, p. 229-247). Ce n’est que deux décennies plus tard que sera adoptée la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État. Cette séparation est doctrinale, les autorités publiques ne se mêlant plus de la définition des idéologies religieuses et inversement, mais également et peut-être surtout financière.  En effet, la loi de 1905 met fin au régime des cultes reconnus en vigueur tout au long du XIXe siècle et qui était fondé notamment, pour l’Église catholique sur le Concordat conclu avec Napoléon Bonaparte en 1801. Ce régime prévoyait un budget des cultes utilisé essentiellement pour rémunérer les ministres du culte et aider les groupes religieux concernés (le catholicisme, les cultes luthérien et réformé et le judaïsme) à construire et entretenir leurs édifices. La loi de séparation entraîne donc la suppression du financement public des cultes, réorganise les groupes religieux en associations cultuelles et régit l’exercice du culte. Instaure-t-elle pour autant dans un système de séparation stricte entre les pouvoirs publics et les groupes religieux qui impliquerait une situation d’ignorance réciproque ? L’examen détaillé de l’encadrement juridique des croyances et pratiques religieuses révèle une situation beaucoup plus complexe, ne serait-ce que parce que les pratiques et activités religieuses appellent un cadre juridique comme tous les autres phénomènes sociaux. Pendant plusieurs décennies après son adoption, la loi de 1905 a constitué le fondement juridique essentiel de ce nouveau régime de relations entre l’État et les cultes, interprétée dans un sens libéral et pacificateur par la jurisprudence administrative. Aujourd’hui encore, la loi de séparation s’avère être doublement une ressource. D’une part, par leur adaptation à la sociologie religieuse contemporaine, par le juge administratif essentiellement, certaines de ses dispositions demeurent applicables, par exemple aux associations cultuelles, aux édifices du culte ou encore, de manière générale, à la question du financement des activités religieuses. Les litiges relatifs à l’exposition de crèches de Noël dans l’espace ou des bâtiments publics, réguliers depuis plus d’une décennie, ont été résolus sur la base des dispositions de la loi qui interdisent d’élever ou d’apposer des signes et emblèmes religieux « sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit » (article 28). D’autre part, sans utiliser le terme laïcité, la loi comporte plusieurs règles qui fondent le contenu de ce principe. Non seulement elle proclame expressément la liberté de conscience et la liberté de culte mais le principe de neutralité et l’égalité entre les cultes découlent de plusieurs dispositions. Ces éléments figurent dans la définition du principe de laïcité donnée par le Conseil constitutionnel en 2013 (Décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013, Association pour la promotion et l'expansion de la laïcité [Traitement des pasteurs des églises consistoriales dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle]).

2° Le principe constitutionnel de laïcité

En effet, si la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale », qu’« elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion » et, enfin, qu’« elle respecte toutes les croyances. » (article 1er), elle ne donne pas de définition de la laïcité. En réalité, la décision du Conseil constitutionnel de 2013 prolonge le consensus qui s’est établi pour considérer le principe de laïcité comme un triptyque associant la neutralité, la liberté de religion et l’égalité entre les croyances et les cultes. Ce qui fait que, contrairement à une certaine idée reçue, le système français partage avec d’autres pays européens ces « standards » de la réglementation des groupes et activités religieux. Toutefois, la laïcité demeure difficile à définir de façon univoque, en dépit de son inscription dans le droit constitutionnel, au sommet de la hiérarchie des normes. Le Conseil constitutionnel avait précédemment proposé une définition différente, qui reflète une autre conception de la laïcité. Dans sa décision du 19 novembre 2004, Traité établissant une Constitution pour l’Europe, il a affirmé que « les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles “la France est une République laïque” interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». Cette décision traduit le fait que, parallèlement à la mise en ½uvre de la laïcité comme principe juridique synonyme de neutralité, d’égalité et de liberté de culte, l’encadrement juridique des religions est parfois soumis à l’influence d’une autre conception de la laïcité, qui se présente comme une valeur politique et traduit un rapport spécifique à la religion dans l’espace social.

  1. L’introduction dans le droit d’une laïcité axiologique

1° Le tournant de la loi du 15 mars 2004

Cette décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004 s’inscrit dans un changement de contexte au début des années 2000, marqué par la mise à l’agenda politique de la place de l’islam dans la société française. Celle-ci a donné lieu à une intervention des pouvoirs publics dans l’organisation concrète du culte musulman afin de mettre en place une instance représentative de ce groupe religieux, mais elle s’est par ailleurs appuyée sur ce que l’on a appelé la « nouvelle laïcité » (S. Hennette-Vauchez et V. Valentin, L’affaire Baby Loup ou la nouvelle laïcité, LGDJ Lextenso éditions, 2014), qui tend à désavouer l’expression de l’appartenance religieuse et privilégie nettement la neutralité. Plus qu’une simple option philosophique, cette façon de concevoir la laïcité tire son origine de la période de la Révolution (1789-1799) au cours de laquelle ont été profondément redéfinis les rapports de la puissance publique à l’égard des institutions religieuses. Le tracé de la frontière entre sphère politique et sphère religieuse est modifié et l’appartenance religieuse devient synonyme d’entrave sinon d’obstacle à l’appartenance à la communauté des citoyens. Cette acception de la laïcité comme valeur a été progressivement introduite dans le droit contemporain applicable au fait religieux et soulève le problème de possibles discordances avec le principe de laïcité qui se nourrit des principes contenus dans la loi de 1905 dans la mesure où cette laïcité axiologique est synonyme d’une certaine réserve à l’égard de la manifestation des convictions religieuses qui relève pourtant de la liberté de religion.

De façon assez attendue au regard de ses rapports historiques avec la laïcité, c’est à l’École publique que la « nouvelle laïcité » a reçu une première traduction législative. En vertu de la loi du 15 mars 2004, « dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit ». La loi du 15 mars 2004 a créé, s’agissant des élèves de l’enseignement public, une exception au droit applicable, qui réserve aux agents publics l’obligation de neutralité religieuse, les usagers des services publics demeurant libres d’exprimer leurs convictions religieuses dans les limites de ce qu’exige le bon fonctionnement du service. Outre ses liens étroits avec la laïcité, l’École publique constitue un lieu d’intégration sociale, processus qui, de manière générale au début des années 2000, a été appréhendé comme présentant de profondes difficultés. Dans ce contexte, le voile musulman est devenu le symbole des difficultés d’intégration des populations immigrées originaires de pays musulmans. La laïcité est promue comme une valeur, synonyme d’émancipation et de possible « vivre-ensemble ». En elle-même, la loi du 15 mars 2004, issue d’une recommandation du rapport de la Commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, a un champ d’application relativement limité puisqu’elle concerne uniquement les élèves des établissements publics d’enseignement (et elle continue de fonder des interdictions pour les élèves de porter certaines tenues vestimentaires comme l’illustre le cas des abayas à la rentrée scolaire 2023).

Elle marque pourtant un tournant dans le débat public : elle est, encore aujourd’hui, souvent considérée comme une loi sur la laïcité, permettant de limiter le port de signes religieux de manière générale. À l’époque, la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité (HALDE) avait dû à plusieurs reprises rappeler le champ d’application exact de la loi de 2004 (elle avait ainsi conclu au caractère discriminatoire de l’exclusion d’un centre de formation d’une femme portant le voile). La question de ce champ d’application continue de se poser (voir la délibération du Défenseur des droits qui a succédé à la HALDE à propos de l’interdiction du port de signes religieux dans le cadre d’une formation professionnelle privée).

2° De la loi du 15 mars 2004 à une neutralité extensive

Cette régularité paraît révélatrice de la trajectoire de la laïcité axiologique. La loi du 15 mars 2004 a en effet inauguré, sur le plan juridique, une tendance à étendre l’application de la laïcité au-delà de la sphère des services publics et de l’intervention des pouvoirs publics dans les institutions et activités religieuses.

Mise à part la loi du 15 mars 2004, et en parallèle de dispositions déterminant les relations entre l’État et les groupes religieux, la laïcité se présente en droit comme une valeur qui doit emporter l’adhésion de la société civile, au nom du vivre ensemble, sans que les droits ou obligations qui en découlent ne soient toujours clairement identifiables. On peut citer ici la loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine dispose que « Les conseils citoyens exercent leur action en toute indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et inscrivent leur action dans le respect des valeurs de liberté, d’égalité, de fraternité, de laïcité et de neutralité. » (article 7). L’exemple le plus symptomatique demeure sans doute la Charte de la laïcité dans les services publics adoptée en 2007.

Des effets plus tangibles sont apparus plus tard. Il convient ici de mentionner aussi la loi du 8 août 2016 qui permet aux entreprises privées d’introduire dans leur règlement intérieur « des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés » (art. L. 1321-2-1 du Code du travail). Enfin, la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République prévoit la neutralité des salariés de droit privé travaillant dans des entreprises ou des organismes en charge de l’exécution d’un service public. Le Conseil d’État a ainsi jugé légale, par une décision du 29 juin 2023, la clause des statuts de la Fédération française de football interdisant le « port de signe ou tenue manifestant ostensiblement une appartenance politique, philosophique, religieuse ou syndicale ». Du point de vue du principe de laïcité, la loi du 24 août 2021 confirme donc la direction prise par la loi du 15 mars 2004, mais, à travers les modifications de la loi du 9 décembre 1905 qu’elle opère, elle lui donne une « « inflexion sécuritaire » (Philippe Portier (dir.), L’Inflexion sécuritaire de la laïcité française, Presses universitaires de Grenoble, 2021). Alors que la laïcité axiologique visait essentiellement l’expression individuelle des croyances religieuses, le remaniement du statut des associations cultuelles et de la police des cultes tend à prolonger cette acception de la laïcité au c½ur du régime des cultes.

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