La politización de los símbolos religiosos: el laicismo defensivo de Quebec

SECULARISMO Y REVOLUCIÓN TRANQUILA

El papel de la religión en la esfera pública de la Belle Province ha sido siempre uno de los principales ejes del debate político en la provincia francófona de Canadá. Desde la década de los sesenta del siglo pasado, la región de Quebec ha experimentado una evolución continua de la relación de la religión con el Estado, que comenzó con un primer proceso de secularización de la sociedad y la política con la llamada Revolución Tranquila, el período de separación de la Iglesia y el Estado que se produjo en Quebec durante el mandato del Partido Liberal de Quebec (PLQ) que, liderado por Jean Lesage, quiso implementar un programa político modernizador tras años de gobierno de los conservadores. El proceso comenzó en 1960 tras la llegada al poder del PLQ y finalizó en algún momento entre 1966, año de elecciones provinciales, y la Crisis de Octubre de 1970, un violento episodio de terrorismo separatista que ocurrió en la región de Quebec. Durante aquel periodo de transformación social, apodado de aquella manera por el carácter sosegado de los cambios que se produjeron, y a pesar de su violento final, la sociedad quebequesa rompió con el eje Iglesia-Estado imperante hasta el momento y que impregnaba la vida e identidad de Quebec. Hasta entonces, la alianza del Estado con la Iglesia católica era total, una relación simbiótica consolidada desde hace años como postura defensiva frente a la mayoría de la cultura anglófona y el protestantismo del resto de Canadá. La penetración de la Iglesia católica en las instituciones quebequenses era absoluta, y el Estado podía considerarse por entonces prácticamente teocrático. Después de la revolución, que coincidió en una época en la que Occidente estaba tratando de deshacerse del puritanismo y el autoritarismo religioso por una mayor libertad e igualdad social, la sociedad quebequense apostó por su secularización, y trató de expulsar de todos los niveles sociales la presencia de la Iglesia católica.

Con la transformación política y social hacia un Estado más secular, también el nacionalismo francófono comenzó a experimentar un cambio y evolución dogmática. De su tradicional alianza con la Iglesia católica para defenderse del protestantismo anglófono, una vez que la religión quedó apartada de lo público, el nacionalismo quebequés buscó nuevas formas de establecer una nueva base doctrinal. Para ello apostó por desarrollar una identidad fundamentalmente quebequense, constituida sobre todo en una cultura francófona y en la lengua francesa, y con posturas aún más anticlericales que abogaban por una separación más acentuada de la religión y el Estado que llevaran a la instauración de una sociedad claramente laica. Este cambio fue también clave en su relación con el resto de Canadá. El nuevo nacionalismo francófono pasó de su resistencia dentro del federalismo canadiense, desde una postura quietista y de supervivencia, a esgrimir una fuerte posición soberanista de diferenciación y separación hacia el intento de consecución de un Estado propio. Con los años, la concienciación social de la singularidad de Quebec como nación fue creciendo, y fruto de ello fueron los dos únicos referendos sobre la independencia de la región que se han celebrado hasta ahora, uno en 1980 y otro, que perdieron por muy poco, en 1995.

Antes de la celebración del primero de los referendos, durante la década de 1970 se adoptó por primera vez en Canadá el multiculturalismo como política oficial a nivel federal, lo que venía a imponer el modelo anglófono como modelo de gestión de la diversidad en todo el país, incluido Quebec. Para la provincia francófona, la apuesta por el multiculturalismo se veía como una imposición ideológica del resto de la sociedad canadiense. Aunque también por parte de algunos autores anglófonos se vertieron críticas hacia el modelo multicultural, por el peligro de fomentar guetos y encapsular a las culturas hasta reducirlas a mero folclore, las descalificaciones más fuertes hacia el multiculturalismo procedieron sobre todo de académicos y políticos de Quebec, quienes consideraban que el modelo era un Caballo de Troya de una identidad anglocanadiense. Es decir, detrás del diseño del multiculturalismo como modelo de gestión de la diversidad cultural había en realidad una estrategia para consolidar la identidad canadiense y negar la existencia de la nación quebequense. No obstante, en general ninguno de los críticos rechazaba la diversidad en sí, sino más bien su modelo de gestión, uno que no tenía en cuenta la prexistencia de una comunidad política en Quebec. A pesar del rechazo, finalmente el multiculturalismo tomó forma jurídica con la aprobación en 1988 de la Canadian Multiculturalism Act o Loi sur le multiculturalisme canadien, que obligaba a las instituciones canadienses a diseñar sus políticas públicas teniendo en cuenta la realidad multicultural del país y, concretamente, la existencia de varias nacionalidades y dos lenguas oficiales.

Tras las políticas migratorias de los sesenta y setenta que buscaron la mano de obra necesaria para mantener el crecimiento económico del país, ya entrada la década de los noventa comenzó a ser palpable el aumento masivo de la diversidad cultural, sobre todo de origen no europeo, algo que también fue significativo en la provincia de Quebec. Los nuevos quebequenses, que por entonces mostraban un fuerte compromiso por la unidad canadiense, fueron por entonces fuertemente cortejados por el nacionalismo quebequés del Parti Québécois (PQ), para quienes la afiliación o identidad religiosa no era por entonces un problema. Para ello tuvieron que transformar la percepción de su electorado natural, y pasar de buscar al "québécois de souche" o quebequenses "pure laine", a presentar un proyecto nacionalista completamente cívico que aglutinara a cualquier ciudadano independientemente de su procedencia étnica. Fruto de ese acercamiento fue el ajustado resultado del referendo de secesión, que parecía plantear la posibilidad de otra consulta en un futuro cercano, aunque ya por entonces acusaran de la derrota al “voto étnico”. Así, y según fueron pasando los años, el entusiasmo secesionista se fue diluyendo entre el electorado quebequés, y ya en 2003 los liberales del PLQ (Parti libéral du Québec), de clara tendencia federalista, tomaron el relevo político de la provincia.

Durante esta época, la falta de entusiasmo por un tercer refrendo de independencia empujó al PQ a reorientar de nuevo el nacionalismo quebequés, alejándose de la búsqueda de la autodeterminación y centrándose más en cuestiones lingüísticas, culturales e identitarias propias de la región. Es decir, aunque el secesionismo tenía un apoyo amplio entre la ciudadanía francófona de Quebec, el nacionalismo quebequés se hacía más inclusivo para intentar aumentar la base de su apoyo electoral, de modo que no fueran vistos como unos nacionalistas étnicos. Pero cuando el apoyo al soberanismo empezó a declinar notablemente, los partidos nacionalistas comenzaron de nuevo a replegarse sobre cuestiones lingüísticas e identitarias, lo que afectaría de nuevo a la discusión sobre el papel de la religión en la esfera pública.

LA CRISIS DE LOS ACOMODOS RAZONABLES

Esta nueva dinámica identitaria del nacionalismo quebequés pudo verse sobre todo durante el episodio de la llamada crisis de los acomodos razonables, un instrumento jurídico utilizado por los tribunales para adecuar algunas normas jurídicas para que ciertas personas, por su adscripción étnica, no sufrieran discriminación, y alentar con ello una mayor integración. Entre marzo de 2006 y junio de 2007, diversos casos de acomodos tuvieron una gran repercusión mediática en Quebec, lo que obligó al primer ministro de entonces, Jean Charest, a convocar la creación de una comisión independiente que analizara la repercusión social de los acomodos, y pudiera elaborar un informe de buenas prácticas para su utilización en el futuro. La comisión, conocida como Comisión Bouchard-Taylor, presentó finalmente su informe en la primavera de 2008 con una serie de recomendaciones, como la defensa, por un lado, de un modelo integrador pluralista o intercultural, tradicionalmente defendido desde Quebec como alternativa al multiculturalismo, que reconoce y defiende una serie de derechos que permiten el reconocimiento de la diversidad cultural, pero con una clara supeditación a la identidad y cultura francófona como vía para una mayor integración y cohesión social. Mediante el modelo intercultural, lo que los quebequenses buscarían es, en definitiva, reconciliar la diversidad cultural con la preservación de un núcleo cultural francófono común.  Y, por otro lado, el informe planteaba también un modelo de relación de la religión con el Estado basado en la defensa de un sistema de secularismo o laicidad abierta. Un modelo que permite las expresiones religiosas y no las relega al ámbito de lo privado, a la vez que define la neutralidad estatal y la separación de la Iglesia y el Estado.

Durante este contexto y discusión sobre el alcance del reconocimiento cultural de las minorías étnicas, una escisión del PLQ, el Action démocratique du Québec (ADQ), que defendía también un programa nacionalista, aprovechó el momento para cuestionar el mecanismo de los acomodos razonables y su compatibilidad con el modelo laico que defendían. Para ellos, el reconocimiento de tales herramientas de inclusión estaba ayudando a debilitar la cultura y valores quebequenses, y les obligaban a someterse a una ideología, el multiculturalismo, que había sido impuesta por la sociedad canadiense en general. El protagonismo del ADQ hizo reaccionar al resto de los principales partidos de Quebec, y el PQ se vio impelido a definir su postura respecto al papel de la cultura y los valores quebequenses frente al nuevo modelo de sociedad que se estaba perfilando a partir de los acomodos culturales. Para el PQ, el problema estaba en que el legado de la Revolución Tranquila, es decir, el inicio de la secularización de la sociedad quebequense, estaba siendo amenazado por comunidades étnicas para quienes la naturaleza y el papel de la religión en la sociedad era completamente diferente. Por esta razón, todos sus esfuerzos se concentraron en tratar de equiparar la cultura y valores quebequenses a la defensa de un modelo laico de Estado. De esta manera, el PQ comenzaba a utilizar la laicidad como elemento definitorio de una identidad quebequense que ellos defendían, y lo utilizarían como contraposición a cualquier reconocimiento público de las particularidades religiosas.

LA CARTA DE VALORES DE QUEBEC

Años más tarde de la presentación del Rapport Bouchard-Taylor, aún no se había digerido bien por parte de los sectores nacionalistas ninguna de las recomendaciones que plantearon. Ni el modelo intercultural, que suponía para ellos ceder una cota de reconocimiento de particularidades étnicas o religiosas; ni el modelo de laicismo abierto, que permitía las expresiones religiosas en la esfera pública, a pesar del compromiso estatal con la neutralidad. Por eso, cuando en septiembre de 2012 el PQ volvió a ganar las elecciones, al poco el gobierno de Pauline Marois lanzó el proyecto de Ley 60 (Bill o Loi 60), a la que denominaron Charte de la laïcité or Charte des valeurs québécoises, cuyo objetivo fue restringir el uso de símbolos religiosos en la esfera pública, inspirándose claramente en la versión estricta del laicismo francés. La prohibición afectaba principalmente a los trabajadores públicos, debido a una interpretación muy estricta que realizó el gobierno del PQ sobre la neutralidad del Estado: el principio de apariencia de neutralidad. Es decir, para los defensores de esta interpretación estricta del laicismo, los funcionarios públicos no sólo debían ser neutrales con respecto a sus afiliaciones religiosas, sino parecerlo.

Pese a que sus promotores defendieran que la Carta fue diseñada para proteger al secularismo como elemento fundamental de la identidad quebequense, el proyecto de ley fue duramente criticado desde diversos frentes. Entre las críticas más contundentes estuvo la de Jocelyn Maclure, que fue también colaborador en la elaboración del Rapport. Para el académico de la Universidad de Laval, la creación de la Carta únicamente servía para generar un falso debate sobre la neutralidad del Estado, que ya estaba suficientemente garantizado desde que en Quebec la sociedad optó por establecer la separación entre la Iglesia y el Estado. Criticaba también que, con la prohibición de ostentación de símbolos religiosos en lo público, se estaba creando una falsa percepción sobre las competencias y compromiso de algunos trabajadores públicos que, por su origen étnico, iban a empezar a ser cuestionados. Y finalmente, criticaba la justificación de la prohibición en la apariencia de neutralidad, porque consideraba que a los funcionarios deberían juzgárseles por su trabajo y no por su aspecto. Maclure ya había expuesto muchos de estos argumentos en una obra conjunta con otro de los autores del Rapport, Charles Taylor, quien también años después criticó su propio informe, tras un atentado terrorista contra los fieles de una mezquita de Quebec en el año 2017. La reacción de Taylor pilló a muchos por sorpresa, pero venía a decir lo mismo que ya compartió con su colega Joycelin Maclure años atrás en la mencionada obra: que una de las recomendaciones del informe, la de prohibir la ostentación de símbolos religiosos en algunos funcionarios con autoridad (como jueces, policías o funcionarios de prisión) había sido interpretada por la sociedad quebequense de una manera demasiado rigorista y se había hecho extensiva a cualquier funcionario público, lo que acabó señalando a cualquier persona que por su religión mostrara algún signo o vestimenta religiosa en público.

Pese a las críticas que recibió Taylor por su retracto, también incluso del cofirmante del informe, Gerard Bouchard, que le acusaba de abrir de nuevo una herida social que ellos trataron de cerrar con su trabajo, lo cierto es que no andaba mal encaminado en su crítica a la sociedad quebequesa. La Charte de la laïcité que presentó el PQ en 2012 (Bill 60) fue rechazada por la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse de Quebec por ir en contra de la Carta de Valores y Libertades canadienses, sobre todo en lo que respecta a la prohibición de símbolos religiosos en la esfera pública. Pero con el paso de los años, el coste social de increpar a ciudadanos que llevaran símbolos religiosos visibles fue cada vez menor, lo que aumentó el conflicto entre quienes defendían una visión estricta del laicismo y quienes abogaban por una interpretación abierta del principio de libertad religiosa. La ley fue finalmente suspendida por el Tribunal Superior de Quebec en 2018, pero la decisión judicial fue sólo el interludio entre los intentos infructuosos sobre la regulación de los símbolos religiosos y la instauración de un laicismo más estricto con la llegada de un nuevo gobierno.

LA LEY DE LAICIDAD DE QUEBEC

En 2019, el gobierno de Quebec, esta vez encabezado por La Coalition avenir Québec (CAQ), heredera de la Action démocratique du Québec (ADQ), una escisión nacionalista del PLQ (Parti libéral du Québec), logra, de la mano de su carismático Primer Ministro François Legault, la aprobación de la Bill 21, titulada como An Act respecting the Laicity of the State. La ley es la primera norma de rango legal que, por primera vez, en su artículo número uno, declara a la región de Quebec como un “Estado laico”. A diferencia de los intentos anteriores, esta vez la ley contaba con el beneplácito del Tribunal Superior de Quebec, que la confirmó en su mayor parte en enero de 2021, con la excepción de su aplicación en las juntas escolares de la minoría anglófona ni en la Asamblea Nacional. El cambio legislativo, que fue una promesa de Legault durante la campaña, y que finalmente le ayudó a hacerse con el gobierno, supuso la prohibición de la exhibición pública de símbolos religiosos por parte de los funcionarios del Estado, especialmente sobre aquellos con una posición de autoridad, como los jueces, policías o funcionarios de prisión. La ley también prohibía los símbolos religiosos en otros funcionarios con funciones de autoridad, como algunos componentes de la Asamblea Nacional, la fiscalía general o el ministro de justicia, pero también para los directores de escuela y los miembros de las juntas escolares. Pero introdujo una salvedad para todos aquellos funcionarios que ya lo fueran con anterioridad a su vigencia, lo que se ha conocido coloquialmente como excepción “del abuelo” o clause du grand-père. Al igual que la Carta del proyecto de Ley 60, la ley sobre la laicidad de Quebec adolece de múltiples incompatibilidades con la Carta de Valores y Libertades canadienses, norma con rango constitucional a nivel federal, por lo que, para conservar su vigencia, el gobierno de Quebec invocó la excepción conocida como notwithstanding clause, una cláusula que permite que una norma aprobada por un parlamento provincial contravenga algunos de los derechos previstos en la Carta cuando así lo establece expresamente. Por lo que, en la actualidad, la ley de laicidad rige plenamente en la provincia de Quebec.

Los efectos de su aprobación comenzaron a ser inmediatos. La aplicación de una visión estricta del laicismo, muy en consonancia con el modelo francés de un Estado restrictivamente laico, ha afectado de manera evidente en las minorías religiosas, sobre todo la musulmana. Una interpretación extensiva de la prohibición ha llevado a negar el ejercicio de su profesión a algunas profesoras por llevar el hiyab, y cualquier ostentación pública de un símbolo religioso, independientemente de la profesión de quien los porta, es percibido como un daño simbólico al carácter laico de la sociedad recientemente amparado por la Ley 21. Actualmente, está tratando de ser derribada desde múltiples frentes por parte de la sociedad civil, pero por el momento su vigencia es completa. Para Quebec, en conclusión, es la culminación de un proyecto de fortalecimiento de la identidad quebequense frente a la mayoría anglófona del país, pero también un posicionamiento de la mayoría francófona de la región frente a los intentos por reconocer una diversidad étnica y religiosa en aumento. Puede, eso sí, que con ello se esté llevando la convivencia a límites insospechados.